Abstract
La gestión sostenible de los recursos energéticos supone uno de los mayores desafíos a
los que se ha enfrentado la humanidad.
El petróleo, el gas y el carbón no son
ilimitados y su sobreexplotación está
generando graves problemas medioambientales. A esto hay que sumarle el hecho de
que la población mundial no para de
crecer
El problema por lo tanto es doble: no
solo carecemos de los recursos energéticos
necesarios para abastecer las
necesidades de nuestros descendientes,
si no que cada vez consumiremos
más porque la población no parará de
crecer, lo que llevará a una situación
insostenible.
Ante estas previsiones de futuro y
con el fin de minimizar o revertir dichas suposiciones, es primordial que todas las áreas de
conocimiento trabajen en esta dirección aportando medidas concretas y efectivas.
Siendo conscientes del gran impacto energético que tienen los edificios, los arquitectos
tenemos una importante responsabilidad a la hora de minimizar el consumo de las edificaciones,
ya sea por medios pasivos o de diseño o mediante la mejora de la eficiencia de
las instalaciones.
En todo caso, para obligar a los técnicos a cumplir con los objetivos mínimos acordados
en los tratados de clima internacionales, los Estados se han visto obligados a legislar para
controlar la demanda y el consumo de los edificios.
España no es una excepción, y existen leyes que lo regulan en base a normas europeas.
Pero los criterios son discutibles y existe cierto debate en cuanto al procedimiento adoptado.
Es por este motivo por el que me resulta interesante enfocar el trabajo en esa dirección:
el análisis crítico de la norma que en España regula el límite de demanda en edificación
(DB HE 1), con el objetivo de saber si es o no necesaria una rectificación para que sea
más eficaz y ayude a generar modelos de crecimiento urbano más sostenibles.
