Dictámenes periciales urbanísticos

Abstract

Según el artículo 223 de la primitiva Ley del Suelo del año 1956, cualquier persona podía acudir a los Órganos competentes de la Administración y a los Tribunales contencioso-administrativos para exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística. Esta posibilidad se ha venido manteniendo en las sucesivas reformas de la Ley hasta llegar al momento presente. Sin embargo, la eficacia práctica de esta posibilidad ha sido, como mínimo, dudosa. Los gastos y dificultades de un proceso sólo se sobrellevan si uno es parte directamente implicada. Esta ha sido, posiblemente, una de las razones determinantes a la hora de considerar estas conductas como delitos en la actual redacción del Código Penal. Se distinguirá, pues, a lo largo del desarrollo de este capítulo entre infracciones administrativas y delitos o faltas.