La legislación española en materia de protección del patrimonio arquitectónico y la Convención de Granada: cumplimiento y medidas de mejora (Resumen)

Abstract

Durante el siglo XX, marcado especialmente por los dos conflictos mundiales, asistimos a una toma de conciencia por parte de los Estados del valor del Patrimonio Cultural; esto se tradujo en la creación de diferentes organismos internacionales como la UNESCO o el Consejo de Europa con el fin de promover un ordenamiento jurídico supranacional para, entre otros objetivos, garantizar la salvaguardia y conservación del patrimonio. En 1985 el Consejo de Europa, creado en 1949, promulga la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa más comúnmente conocida como Convención de Granada, que fija las orientaciones esenciales a las que deben adecuarse las leyes nacionales de protección del Patrimonio Arquitectónico. La importancia de este documento reside en que constituye el punto de partida de todos los planteamientos de conservación y gestión del Patrimonio Arquitectónico en la mayoría de los países europeos. Su espíritu es el de conservar el patrimonio arquitectónico como un bien presente en la sociedad actual. A partir de unas líneas de actuación para su protección, establece pautas para su integración en el sistema socioeconómico actual, sirviendo así al desarrollo de las regiones. La legislación española en esta materia adolecía de una gran dispersión normativa producida, desde la entrada en vigor de la Ley de 1933, por la creación de nuevas fórmulas cuyo objetivo era afrontar situaciones concretas. España ratifica la Convención en el año 1989, tras la aprobación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español que desarrolla la disposición en materia de patrimonio contenida en el artículo 46 de la Constitución Española y con la que se adapta al marco jurídico internacional. Con esta ley como marco estatal y en base al artículo 148.1 de la Constitución, desde los años 90 las distintas Comunidades Autónomas han ido aprobando sus propias leyes de Patrimonio en el contexto del estado autonómico siendo actualmente éstas las que tienen mayores competencias y desarrollan la política de protección del patrimonio. El objetivo del presente estudio es el análisis de la legislación española a nivel estatal y autonómico tomando como marco de referencia las directrices marcadas por la Convención de Granada con el fin de verificar su cumplimiento, establecer sus fortalezas y debilidades y determinar qué aspectos es necesario potenciar proponiendo nuevas medidas o incluso introduciendo nuevos parámetros como la eficiencia energética o la accesibilidad.