Autopistas de peaje en los accesos a Madrid: ¿fue una decisión adecuada?

Abstract

Las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5 se previeron en el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 del Ministerio de Fomento. Los objetivos que se pretendían alcanzar con su construcción eran mejorar la accesibilidad y la competitividad de Madrid, así como paliar los problemas de desempleo en el área metropolitana y los municipios próximos a la M-50. Se trata de unas de las primeras autopistas de peaje metropolitanas adjudicadas en España. Para su construcción, conservación y explotación se utilizó la fórmula jurídica de la concesión de obra pública. A pesar de que en la normativa española se produjeron importantes avances en el año 2003, todas ellas se rigen por el contenido de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión. Esta ponencia muestra que los resultados obtenidos tras la adjudicación de estas concesiones no han resultado ser los previstos ni por la Administración ni por las concesionarias. Todas las autopistas entraron en explotación más tarde de lo acordado, alcanzando unos niveles de tráfico muy inferiores a los previstos. Los importes de inversión en estas autopistas han resultado ser superiores a las previsiones tanto públicas como privadas. Esta situación hacía pensar desde hace tiempo que la única solución sería llegar a un acuerdo posterior. Lo que resultaba difícil era comprender cómo se mantenían en el mercado estas sociedades. Así, el cambio en los criterios de valoración del suelo, incrementando los costes de expropiación, y la crisis económica que está atravesando el país no han hecho más que agravar la difícil situación en que se encontraban ya las sociedades concesionarias. Actualmente el Ministerio de Fomento está analizando cuáles serán los términos concretos de las renegociaciones, adelantando que se concederán créditos participativos y se incrementarán los plazos de concesión y las tarifas. Sin duda alguna, unas medidas que vienen a confirmar que el único perjudicado por las frecuentes renegociaciones de los contratos de concesión de autopistas en España es el usuario.